Apuntes · Historia de EspañaES · Selectividad

La Transición y la Constitución de 1978

Este tema, perteneciente al Bloque B del currículo de Historia de España, explica cómo España pasó de la dictadura franquista a una democracia parlamentaria entre 1975 y 1982, cómo la Constitución de 1978 se convirtió en el fundamento de la convivencia y la garantía de los derechos, y cómo se afrontaron los grandes retos de la consolidación: el terrorismo y la cuestión nacional resuelta mediante el Estado de las autonomías. Es uno de los temas más recurrentes y centrales de la Selectividad/PAU, porque conecta directamente con las competencias específicas CE1 (legado democrático) y CE2 (diversidad identitaria y cohesión).

4seccionesca. 18min de lectura2competenciasNivelEstándar 3 · Profundización 1Revisado · 06/2026

T·101010 / 12

Perfil de examen

CE1 · Valorar los movimientos y acciones que han promovido las libertades en la historia de España, mediante el análisis comparado de los regímenes políticos, para reconocer el legado democrático de la Constitución de 1978 como fundamento de la convivencia y garantía de derechos.CE2 · Reconocer y valorar la diversidad identitaria del país para defender la solidaridad y la cohesión como base de la convivencia, así como el respeto a los símbolos y normas comunes (Estado de las autonomías).

Operadores:analizaexplicacomparajustificainterpretacomentarelacionalocalizavalora

nivel básico

Como materia común de 2.º de Bachillerato, es exigible para todo el alumnado dominar el proceso de la Transición, los principios de la Constitución de 1978 y el Estado de las autonomías con rigor cronológico y conceptual.

nivel avanzado

Quien curse Historia con vocación de Humanidades o Ciencias Sociales debe profundizar en el debate reforma/ruptura, la naturaleza del consenso constitucional y la comparación entre la Constitución de 1978 y los textos liberales anteriores (1812-1931).

Profundidad

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Inhalt · 4 secciones

La Transición y la Constitución de 1978

De la dictadura a la democracia: la Transición#

StandardBOE-A-2022-5521 · historia-de-espana · Bloque B — La Transición y la normalización democrática

Reforma frente a ruptura: las tres vías de salida del franquismo

La Transición es el proceso por el que España pasó de la dictadura franquista a una democracia parlamentaria de manera pacífica y, sobre todo, dentro de la legalidad vigente. Su punto de partida convencional es la muerte de Francisco Franco el 20 de noviembre de 1975 y su cierre simbólico, la victoria del PSOE en las elecciones de octubre de 1982, que demostró que la alternancia pacífica en el poder ya era posible. Comprender este tránsito es la clave del legado democrático que la competencia CE1 pide valorar.

El gran debate político del momento se resumió en la oposición entre «reforma» y «ruptura». La oposición democrática (PSOE, PCE) defendía la «ruptura», es decir, liquidar de golpe las instituciones franquistas y abrir un proceso constituyente desde cero. Los sectores reformistas del propio régimen proponían la «reforma», esto es, desmontar la dictadura desde dentro, aprovechando sus propias leyes para transformarla legalmente. Lo que finalmente se impuso fue una vía intermedia, a veces llamada «ruptura pactada» o «reforma negociada»: el desmontaje legal del franquismo acordado con la oposición.

El instrumento decisivo fue la Ley para la Reforma Política de 1976, impulsada por el presidente del Gobierno Adolfo Suárez y refrendada por las propias Cortes franquistas, que así se autodisolvieron. Sometida a referéndum el 15 de diciembre de 1976, fue aprobada de forma abrumadora. Esta ley, que reconocía la soberanía popular y un Parlamento bicameral elegido por sufragio universal, abrió la puerta a las primeras elecciones democráticas. Junto a ella, la legalización de los partidos políticos (incluido el PCE, en abril de 1977) y la amnistía fueron pasos imprescindibles.

Las primeras elecciones democráticas se celebraron el 15 de junio de 1977 y las ganó la Unión de Centro Democrático (UCD) de Suárez. Las nuevas Cortes asumieron carácter constituyente. En octubre de 1977 los principales partidos firmaron los Pactos de la Moncloa, acuerdos económicos y políticos para afrontar la grave crisis (inflación, paro, déficit) y garantizar la estabilidad mientras se redactaba la Constitución. La figura del rey Juan Carlos I fue clave para legitimar la reforma frente al búnker franquista. La Fig. 1 sintetiza esta secuencia 1975-1982.

Cronología de la Transición (1975-1982)

El proceso no estuvo exento de violencia y tensión: el terrorismo de ETA y de grupos de extrema derecha, la crisis económica heredada del franquismo tardío y la incertidumbre golpista amenazaron la normalización democrática hasta bien entrados los años ochenta.

Ejemplo resuelto

Comentario guiado: el alcance de la Ley para la Reforma Política

Estilo Selectividad: explica qué fue la Ley para la Reforma Política (1976) y por qué se la considera la pieza clave del desmontaje legal de la dictadura.

Contextualiza
Tras la muerte de Franco (1975) y bajo el primer Gobierno de Adolfo Suárez (julio de 1976), había que decidir cómo salir de la dictadura. La oposición pedía ruptura; el régimen, continuidad.
Define la ley
La Ley para la Reforma Política reconocía la soberanía popular, la inviolabilidad de los derechos fundamentales y un Parlamento bicameral (Congreso y Senado) elegido por sufragio universal.
Señala su mecanismo
Fue aprobada por las propias Cortes franquistas (que así se autodisolvían) y ratificada en referéndum el 15 de diciembre de 1976 con un apoyo masivo, lo que le dio legitimidad democrática.
Valora su importancia
Permitió pasar de la legalidad franquista a la democrática «de la ley a la ley», sin ruptura traumática, y abrió el camino a las elecciones de 1977 y a la Constitución de 1978.

Resultado: La Ley para la Reforma Política fue el instrumento jurídico que hizo posible la reforma pactada: desmontó el franquismo desde dentro, con su propia legalidad, y permitió las primeras elecciones democráticas y el proceso constituyente.

Errores frecuentes

Confundir el referéndum de la Ley para la Reforma Política (diciembre de 1976) con el referéndum de ratificación de la Constitución (diciembre de 1978): son dos consultas distintas y de años distintos.
Datar el inicio de la democracia en 1975 sin matizar: en 1975 muere Franco, pero la primera Constitución democrática es de 1978 y las primeras elecciones libres, de 1977.

Repaso activo

Ejercicio de práctica: redacta un texto argumentado (unas 15 líneas) que explique las diferencias entre «reforma» y «ruptura» como vías para salir de la dictadura, e indica razonadamente cuál se impuso y por qué.

Recuerdo activo

Recuerda los puntos clave — luego revela.

Fuentes: Real Decreto 243/2022 — enseñanzas mínimas del Bachillerato (saberes básicos, Anexo II) (Gobierno de España — Boletín Oficial del Estado (BOE))

La Constitución de 1978 y el Estado de derecho#

StandardBOE-A-2022-5521 · historia-de-espana · Bloque B — La Constitución de 1978 como fundamento de la convivencia y garantía de derechos

Estructura interna de la Constitución de 1978

La Constitución de 1978 es la norma suprema del ordenamiento jurídico español y el fundamento de la convivencia democrática: este es exactamente el contenido que la competencia CE1 del currículo pide reconocer y valorar. Fue elaborada por una ponencia de siete diputados —los célebres «padres de la Constitución», de partidos muy distintos—, lo que dio al texto un marcado carácter de consenso, su rasgo más característico y diferenciador respecto de las constituciones decimonónicas, que solían ser «de partido».

El proceso de aprobación fue inequívocamente democrático: las Cortes la aprobaron el 31 de octubre de 1978, el pueblo español la ratificó en referéndum el 6 de diciembre de 1978 con una amplísima mayoría de votos afirmativos, y el rey la sancionó el 27 de diciembre de 1978. Que el texto fuera sometido a referéndum popular subraya que su legitimidad descansa en la soberanía nacional, no en una concesión del poder.

Los principios fundamentales que define el Título Preliminar son la columna vertebral del nuevo régimen: España se constituye en un Estado social y democrático de derecho; la soberanía reside en el pueblo español; la forma política del Estado es la monarquía parlamentaria (el rey reina pero no gobierna, es un poder simbólico y arbitral); y se reconoce el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones dentro de la indisoluble unidad de la nación española.

La Constitución consagra una amplia tabla de derechos y libertades (Título I), incluidos los derechos fundamentales especialmente protegidos —vida, libertad ideológica y religiosa, expresión, reunión, etc.— y un capítulo de principios rectores de la política social y económica. Para garantizarlos crea instituciones clave como el Tribunal Constitucional (que vela por la constitucionalidad de las leyes) y el Defensor del Pueblo, además de establecer un Estado aconfesional (sin religión oficial, pero con cooperación con las confesiones).

La división de poderes articula el Estado de derecho: el poder legislativo reside en las Cortes Generales (bicamerales: Congreso de los Diputados y Senado); el ejecutivo, en el Gobierno, presidido por el presidente que responde políticamente ante el Congreso; y el judicial, en jueces y tribunales independientes, con el Tribunal Supremo en la cúspide. La Fig. 3 muestra esta arquitectura institucional.

Estructura del Estado según la Constitución de 1978

Ejemplo resuelto

Comentario: principios definitorios del Estado en la Constitución de 1978

Estilo Selectividad: a partir del Título Preliminar, define la forma de Estado y de gobierno que establece la Constitución de 1978 y explica qué garantías de derechos introduce.

Forma de Estado
España se constituye en un «Estado social y democrático de derecho»: democrático (soberanía popular), de derecho (imperio de la ley y división de poderes) y social (poderes públicos comprometidos con la igualdad real y los derechos sociales).
Forma de gobierno
La forma política es la monarquía parlamentaria: la jefatura del Estado es hereditaria pero con funciones simbólicas y arbitrales; el poder efectivo lo ejerce un Gobierno responsable ante el Congreso.
Garantías de derechos
El Título I recoge un amplio catálogo de derechos y libertades fundamentales; se crean el Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo como garantes, y el recurso de amparo protege los derechos fundamentales.
Conclusión valorativa
Estos principios convierten a la Constitución de 1978 en el fundamento de la convivencia y en la garantía jurídica de los derechos, superando la inestabilidad constitucional del XIX y la ausencia de libertades del franquismo.

Resultado: La Constitución de 1978 define un Estado social y democrático de derecho con forma de monarquía parlamentaria, basado en la soberanía popular, la división de poderes y un sólido sistema de garantía de los derechos fundamentales.

Errores frecuentes

Decir que la monarquía parlamentaria significa que el rey gobierna: la Constitución le reserva funciones simbólicas y arbitrales; quien gobierna es el Gobierno, responsable ante el Congreso.
Confundir «Estado aconfesional» con «Estado laico» radical o con «Estado confesional»: la Constitución de 1978 declara que ninguna confesión tendrá carácter estatal, pero mantiene relaciones de cooperación con las confesiones religiosas.

Repaso activo

Ejercicio de práctica: elabora un esquema con los cuatro principios del Título Preliminar de la Constitución de 1978 y, junto a cada uno, escribe una frase que explique su significado práctico para la vida democrática.

Recuerdo activo

Recuerda los puntos clave — luego revela.

Fuentes: Currículo de Bachillerato (LOMLOE) — materias y saberes básicos (Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes — educagob)

El Estado de las autonomías y la cuestión nacional#

VertiefungBOE-A-2022-5521 · historia-de-espana · Bloque B — La cuestión nacional: Estado de las autonomías, nacionalismos y regionalismos

Una de las grandes aportaciones de la Constitución de 1978 fue dar respuesta a la histórica «cuestión nacional» española —la articulación territorial del Estado y la convivencia de distintas identidades—, que es precisamente el contenido que la competencia CE2 pide valorar: reconocer la diversidad identitaria del país para defender la solidaridad y la cohesión, junto con el respeto a los símbolos y normas comunes.

El modelo elegido fue el Estado de las autonomías, una fórmula intermedia entre el Estado unitario centralista heredado del franquismo y el Estado federal. El Título VIII de la Constitución consagra dos principios complementarios y en tensión: por un lado, la «indisoluble unidad de la nación española» y, por otro, el «derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones» que la integran. El término «nacionalidades» reconoció la singularidad histórica de comunidades como Cataluña, el País Vasco y Galicia.

El proceso autonómico distinguió dos vías de acceso. La «vía rápida» (artículo 151) permitió a las comunidades con un pasado de autogobierno —las llamadas «nacionalidades históricas»— alcanzar de inmediato el techo máximo de competencias; por ella accedieron Cataluña y el País Vasco (cuyos estatutos —Sau y Guernica— se aprobaron en 1979), Galicia y, por un camino singular, Andalucía. La «vía lenta» (artículo 143) fue la del resto de comunidades, con un acceso más gradual a las competencias. El mapa resultante fueron 17 comunidades autónomas y, posteriormente, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla (1995).

El reparto de poder se ordena mediante los Estatutos de Autonomía (norma institucional básica de cada comunidad) y el reparto competencial entre el Estado y las comunidades, con instituciones propias en cada una: una Asamblea legislativa, un Gobierno autonómico y un presidente. El sistema busca combinar autogobierno con dos principios de cohesión: la solidaridad interterritorial y la igualdad esencial de todos los españoles. La Fig. 5 esquematiza esta estructura territorial.

El Estado de las autonomías: unidad y autonomía

La cuestión nacional siguió y sigue siendo un tema vivo: los nacionalismos vasco y catalán, con partidos de implantación importante, han mantenido reivindicaciones de mayor autogobierno, lo que ha generado tanto la riqueza de un Estado plural como tensiones políticas. El currículo invita a valorar esta diversidad desde la cohesión y el respeto a las normas comunes, sin presentarla como un conflicto irresoluble.

Ejemplo resuelto

Comentario: las dos vías de acceso a la autonomía

Estilo Selectividad: explica las dos vías que la Constitución de 1978 estableció para acceder a la autonomía y qué comunidades emplearon cada una.

Marco constitucional
El Título VIII reconoce el derecho a la autonomía de nacionalidades y regiones, pero diferencia el ritmo y el techo competencial según la vía de acceso.
Vía rápida (art. 151)
Reservada a las comunidades con un pasado de autogobierno (nacionalidades históricas): permitía asumir de inmediato el máximo de competencias. La usaron Cataluña, País Vasco y Galicia, y por un camino singular Andalucía.
Vía lenta (art. 143)
La del resto de comunidades: un acceso más gradual a las competencias, que con el tiempo podían ampliarse mediante reforma de sus estatutos.
Resultado
El mapa final fue de 17 comunidades autónomas (más Ceuta y Melilla como ciudades autónomas en 1995), cada una con su Estatuto, su Asamblea legislativa, su Gobierno y su presidente.

Resultado: La Constitución estableció una vía rápida (art. 151) para las nacionalidades históricas con acceso inmediato al máximo de competencias, y una vía lenta (art. 143) para el resto, configurando un Estado de las autonomías con 17 comunidades.

Errores frecuentes

Afirmar que España es un Estado federal: la Constitución de 1978 establece un Estado de las autonomías, un modelo singular distinto tanto del Estado unitario como del federal clásico.
Identificar «nacionalidad» con «nación independiente»: en la Constitución, «nacionalidades» designa comunidades con identidad histórica propia dentro de la indisoluble unidad de la nación española.

Repaso activo

Ejercicio de práctica: explica, en un texto razonado, cómo el Título VIII de la Constitución intenta conciliar la «unidad de la nación» con el «derecho a la autonomía», y valora qué aporta el Estado de las autonomías a la cohesión del país.

Recuerdo activo

Recuerda los puntos clave — luego revela.

Fuentes: Real Decreto 243/2022 — enseñanzas mínimas del Bachillerato (saberes básicos, Anexo II) (Gobierno de España — Boletín Oficial del Estado (BOE))

Retos: terrorismo y consolidación democrática#

StandardBOE-A-2022-5521 · historia-de-espana · Bloque B — El terrorismo y los retos de la consolidación democrática

La aprobación de la Constitución en 1978 no significó que la democracia estuviera asegurada: el saber básico del currículo señala expresamente «el terrorismo y los retos de la consolidación democrática». Entre 1979 y 1982, y durante toda la década siguiente, la joven democracia tuvo que demostrar que era capaz de sobrevivir a amenazas muy serias.

El reto más dramático fue el terrorismo. ETA (Euskadi Ta Askatasuna), organización nacionalista vasca que reclamaba la independencia mediante la lucha armada, intensificó sus atentados precisamente durante la Transición, buscando provocar una reacción golpista del Ejército. Junto a ETA actuaron otros grupos, como el GRAPO (de extrema izquierda) y bandas de terrorismo de extrema derecha. El terrorismo causó cientos de víctimas y fue una constante presión sobre la estabilidad del sistema.

El segundo gran reto fue la amenaza involucionista, que culminó en el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 (el 23-F): el teniente coronel Antonio Tejero asaltó el Congreso de los Diputados con un grupo de guardias civiles durante la sesión de investidura, mientras en Valencia el general Milans del Bosch sacaba los tanques a la calle. El golpe fracasó, en buena parte por la firme intervención televisada del rey Juan Carlos I en defensa de la Constitución y por la falta de apoyo del grueso del Ejército. El 23-F fue, paradójicamente, una prueba que reforzó la legitimidad democrática.

La consolidación definitiva llegó con la normalización de la alternancia política. Tras la crisis y desgaste de la UCD, las elecciones de octubre de 1982 dieron una mayoría absoluta al PSOE de Felipe González. Que un partido de la oposición de izquierdas accediera pacíficamente al poder demostró que la democracia funcionaba con plenitud: es el hecho que la mayoría de los historiadores fijan como cierre de la Transición. La Fig. 6 resume los principales retos del periodo.

Retos de la consolidación democrática (1979-1982)

A más largo plazo, la consolidación se completó con la integración internacional —el ingreso en la OTAN (1982, ratificado en referéndum en 1986) y, sobre todo, la adhesión a la Comunidad Económica Europea en 1986—, que ancló a España en el marco de las democracias europeas. Valorar este recorrido es reconocer el legado democrático que la CE1 sitúa en el centro del currículo.

Ejemplo resuelto

Comentario: el 23-F y la prueba de la democracia

Estilo Selectividad: describe brevemente el intento de golpe de Estado del 23-F (1981) y explica por qué su fracaso reforzó la democracia española.

Los hechos
El 23 de febrero de 1981, durante la sesión de investidura, el teniente coronel Tejero asaltó el Congreso con guardias civiles, secuestrando al Gobierno y a los diputados; en Valencia, Milans del Bosch sacó los tanques.
El desenlace
El golpe fracasó en pocas horas: el rey Juan Carlos I se dirigió a la nación por televisión en defensa de la Constitución y ordenó a las unidades militares regresar a sus cuarteles; el grueso del Ejército no secundó la asonada.
Las causas del fracaso
Confluyeron la intervención del rey, la falta de apoyo militar generalizado, la rápida respuesta de las instituciones y el rechazo de la sociedad y los partidos.
El significado
Al fracasar, el 23-F evidenció que ni el Ejército ni la sociedad querían volver a una dictadura: reforzó la legitimidad de la Constitución y aceleró la consolidación democrática.

Resultado: El 23-F fue el último gran intento involucionista; su fracaso, por la intervención del rey y la falta de apoyo, confirmó la solidez de la democracia constitucional y reforzó su legitimidad ante la sociedad española.

Errores frecuentes

Atribuir el fracaso del 23-F a una sola causa: confluyeron varias (la intervención del rey, la falta de unidad del Ejército, la reacción de las instituciones y de la sociedad); reducirlo a un único factor empobrece la respuesta.
Situar el fin de la Transición en 1978 con la Constitución: la mayoría de los historiadores lo fijan en 1982, con la primera alternancia pacífica (victoria del PSOE).

Repaso activo

Ejercicio de práctica: explica por qué el fracaso del golpe de Estado del 23-F y la victoria electoral del PSOE en 1982 pueden considerarse, conjuntamente, la prueba de la consolidación de la democracia española.

Recuerdo activo

Recuerda los puntos clave — luego revela.

Fuentes: Real Decreto 534/2024 — Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) (Gobierno de España — Boletín Oficial del Estado (BOE))

Referencias y fuentes

Fuentes

Gobierno de España — Boletín Oficial del Estado (BOE)

Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes — educagob

Currículo de Bachillerato (LOMLOE) — materias y saberes básicos

La Transición y la Constitución de 1978

Puntos clave

Comentario guiado: el alcance de la Ley para la Reforma Política

Puntos clave

Comentario: principios definitorios del Estado en la Constitución de 1978

Puntos clave

Comentario: las dos vías de acceso a la autonomía

Puntos clave

Comentario: el 23-F y la prueba de la democracia

Fuentes

La Transición y la Constitución de 1978

Puntos clave

Comentario guiado: el alcance de la Ley para la Reforma Política

Puntos clave

Comentario: principios definitorios del Estado en la Constitución de 1978

Puntos clave

Comentario: las dos vías de acceso a la autonomía

Puntos clave

Comentario: el 23-F y la prueba de la democracia

Fuentes